Después de casi 45 días en cautiverio, un total de 22 personas, entre las que se encuentran tres menores de edad, fueron liberadas por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, Norte de Santander. La liberación se logró gracias a una misión humanitaria conformada por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña y la Misión de Verificación de la ONU, quienes trabajaron en conjunto para garantizar la seguridad de los secuestrados y su regreso a la libertad.
Las víctimas, en su mayoría civiles, fueron secuestradas en diferentes poblaciones del Catatumbo, una zona que ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. El secuestro ocurrió en el contexto de la creciente violencia y el deterioro de la seguridad en esta región del noreste colombiano, donde grupos armados ilegales han incrementado su presencia y actividades.
Entre los liberados también se encuentran dos firmantes del acuerdo de paz, quienes habían sido capturados por el ELN durante su visita a la zona. Las autoridades y organizaciones humanitarias han celebrado su liberación, agradeciendo la cooperación de las partes involucradas en el proceso.
La Defensoría del Pueblo y la Diócesis de Ocaña, a través de sus redes sociales, anunciaron la noticia y expresaron su satisfacción por el regreso de estas personas a sus hogares. No obstante, ambas instituciones han reiterado que la situación de orden público en el Catatumbo sigue siendo crítica y que las labores humanitarias en la región continuarán siendo una prioridad.
entre los liberados hay tres menores de edad
El regreso de estas 22 personas a sus hogares es una señal de esperanza, pero también pone en evidencia la persistente problemática del secuestro y la violencia en zonas del país donde los actores armados ilegales siguen operando con impunidad. Las autoridades llaman a la comunidad internacional y a las instituciones nacionales a mantener su compromiso con la protección de los derechos humanos y la búsqueda de una paz duradera en regiones tan golpeadas por el conflicto armado.
Este hecho resalta la importancia de la presencia de organismos humanitarios y de derechos humanos en zonas de conflicto, así como el compromiso de las autoridades locales para enfrentar la situación de violencia que afecta a las comunidades más vulnerables.