La región del Amazonas, considerada el pulmón del planeta y la más biodiversa de Colombia, enfrenta una crisis alarmante debido a la sequía extrema que ha golpeado la zona en los últimos meses. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha confirmado una drástica disminución en el caudal del río Amazonas, que ha caído entre un 80% y un 90% en los últimos tres meses, dejando a más de 7.000 personas en riesgo.
Las comunidades indígenas de Puerto Nariño y Leticia son las más afectadas, donde al menos 14 comunidades que agrupan a 3.500 familias están en estado crítico, enfrentan un panorama cada vez más desesperante. La escasez de agua ha llevado a la declaración del estado de calamidad pública.
El descenso del caudal, provocado por la falta de precipitaciones y el impacto del cambio climático, ha sido verificado por una comisión técnica de la UNGRD que utilizó imágenes satelitales y sistemas GPS. Esta alarmante reducción no solo afecta la navegabilidad del río, sino que pone en peligro la subsistencia de miles de personas que dependen del agua del Amazonas para su alimentación, transporte y acceso a recursos básicos.
la pesca se ha visto afectada, y se prevé la muerte de peces
Las imágenes recientes de Leticia ilustran el grave impacto de la sequía: embarcaciones varadas en lo que solía ser el cauce del río, extensas áreas de tierra anteriormente inundadas ahora expuestas, y comunidades aisladas por la falta de vías de comunicación fluviales.
La UNGRD ha intensificado esfuerzos para abordar la crisis mediante reuniones en la gobernación del Amazonas, evaluando el estado actual del departamento y discutiendo posibles soluciones. Sin embargo, las acciones concretas para mitigar el impacto de la sequía dependerán de la finalización de los procesos técnicos y administrativos necesarios.
Además de Puerto Nariño y Leticia, siete de los nueve territorios indígenas del departamento del departamento han reportado afectaciones, incluyendo Pedrera, Tarapacá, Puerto Arica, Chorrera, Mirití Paraná, Puerto Santander y El Encanto. La situación plantea un desafío urgente para las autoridades y organizaciones humanitarias, que deben actuar con rapidez para proteger a estas comunidades vulnerables y asegurar el acceso al agua y alimentos.